La Unión Comarcal de la CIG de Vigo ha denunciado este lunes que los pacientes del Hospital Álvaro Cunqueiro recibirán su comida desde Zaragoza, que llegará en camiones, después de que el centro haya tenido que cerrar la cocina para realizar "una importante reparación". La CIG lamenta que el cierre temporal "viene a confirmar las denuncias hechas en su día a respeto de los recortes en la calidad de la construcción tras solo cinco años de funcionamiento".
Desde la central sindical critican que el Sergas no informara sobre la decisión de la empresa concesionaria de cerrar la cocina y trasladar la comida en camiones desde la capital aragonesa. Ante esto, exigen una explicación pública del cierre, durante al menos dos meses, de la cocina y denuncian la “irresponsabilidad” de la Xunta por dejar en manos de “fondos de inversión buitre” el cuidado de la salud de la población gallega.
Recuerdan que "el hospital es propiedad de una sociedad concesionaria que se encargó de elaborar el proyecto, construir el hospital y gestionar los servicios llamados no sanitarios", siendo su propietaria durante, al menos, 25 años. “Es la sociedad concesionaria la que toma la decisión de cerrar la cocina mientras el Sergas calla y no asume su responsabilidad sobre lo que esta medida puede ocasionar en la calidad del servicio que se presta a las personas hospitalizadas”.
En este sentido, señalan que el modelo de “colaboración público-privado” utilizado por el Partido Popular para financiar, construir y gestionar este hospital ya había demostrado su capacidad de generar problemas, tanto de eficiencia económica como de capacidad de gestión. “La prueba es el abandono del propio PP del proyecto de creación de un hospital con el mismo modelo en Monte Carrasco, Pontevedra”.
De hecho, el cambio de proyecto en Vigo, de hospital 100% público a hospital propiedad de una sociedad privada, tuvo como consecuencia, entre otras, "la merma del tamaño del proyecto y la pérdida de calidad de la construcción para facilitar los beneficios de los accionistas de la empresa concesionaria".
Segundo explican desde la central sindical, la composición accionarial actual de la concesionaria no tiene nada que ver con la inicial, ya que en la actualidad está en manos de fondos de inversión internacionales y empresas que “ parasitan” servicios públicos privatizados:
Finalmente, censuran que se paguen pague de forma directa 73,4 millones de euros de los fondos públicos por un hospital "que se deteriora en cinco años". De este dinero, un total de 42,5 millones son para devolver el coste de la construcción y 30,9 millones por la gestión de servicios como la limpieza, el mantenimiento o la lavandería, entre otros, según el proyecto de Presupuestos de la Xunta para 2021. “A esta cantidad hay que sumarle los beneficios por explotaciones comerciales como el aparcamiento, la cafetería, las televisiones de las habitaciones o las máquinas de vending”, finalizan.
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