El faro de Cabo Silleiro, más cerca de albergar un restaurante de impresionantes vistas

La Autoridad Portuaria de Vigo, propietaria actual del faro de Cabo Silleiro, realizará una reforma integral del edificio que lo saneará por completo y creará un gran espacio que, previsiblemente, se destinará a usos de hostelería.

El faro, uno de los más emblemáticos de las Rías Baixas, fue construido en 1924 substituyendo el antiguo faro que databa en marzo de 1862 en la carretera que une Vigo con Baiona. El edificio, construido ante la necesidad de alnzar mayor luz, fue proyectado por el ingeniero Ramón Martínez de Campos en 1910, aunque fue modificado más tarde por Mauro Serret con la colaboración del torrero Juan Gutiérrez. Su construcción costó 158.254 pesetas.

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La intención del proyecto de la Autoridad Portuaria es acondicionar la edificación a las necesidades actuales del faro, “saneando y sustituyendo los elementos deteriorados” a la vez que se vacían interiormente las actuales viviendas para poder disponer de un local que en el futuro se pueda destinar a otros usos.   

Hoy, el edificio del faro, construido en forma de “C”, cuenta con dos pisos y una torre en el lateral con una superficie útil acondicionada de 698 metros cuadrados. Sin embargo, a pesar de su fantástica ubicación y fácil acceso no es visitable. La reforma eliminará las viviendas de los fareros permitiendo así despejar un gran espacio para un futuro uso turístico de carácter hostelero. La autoridad portuaría estaría trabajando con la premisa de ubicar un restaurante, aunque no se descarta, por ahora, otro uso.

Las obras modificará los muros de sillería revistiéndolos por el exterior con azulejo cerámico igual al existente, además de aislar el interior. También se renovará la carpintería, muy castigada por la humedad y los fuertes vientos, añadiendo doble vidrio con cámara interior. Por su parte, las cubiertas continuarán siendo planas y transitables, permitiendo unas vistas únicas de la ría de Vigo.

El presupuesto de la actuación es de 1,4 millones y tiene un plazo de ejecución de ocho meses.