El exinspector de Hacienda de Vigo acusado de cohecho y blanqueo será juzgado por un jurado

La investigación judicial sobre la supuesta trama liderada por un exinspector de Hacienda de Vigo, A.C.G., sigue avanzando etapas y el juzgado de instrucción número 3 de Santiago, encargado de la causa, ha dictado una resolución en la que acuerda continuar la tramitación contra éste y otros seis investigados, mediante la incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal de Jurado.

En dicha resolución, tras desestimar la práctica de ciertas diligencias solicitadas por las partes, el juzgado acuerda la incoación de los trámites del procedimiento de jurado, por si los hechos investigados fueran constitutivos de varios delitos. Así, el juzgado apunta que los siete investigados, el exinspector A.C.G., además de seis consultores y asesores fiscales que hacían las veces de supuestos intermediarios (F.G.P., P.G.T., B.Z.M., M.A.R.P., J.B.C.P., y F.C.M.) podrían haber cometido un delito de organización criminal. En el caso del exinspector, ve indicios de delito de tráfico de influencias, delito de cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, y delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Por otra parte, relaciona a F.G.P. con un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos; y ve indicios de la posible comisión de un delito de blanqueo por parte de A.C.G., B.Z.M., F.G.P. y M.A.R.P.

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La investigación de los hechos comenzó en 2016, a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Posteriormente se adhirieron varios empresarios, que acusaban a esta trama de extorsionarles para que pagasen importantes cantidades de dinero a cambio de resolver en su favor inspecciones y procedimientos fiscales.

El principal encausado, que fue detenido e ingresado en prisión en enero de 2019, y puesto en libertad en abril de ese año, negó siempre su vinculación con esos delitos, e incluso publicó un blog en el que arremetía contra la UCO de la Guardia Civil, contra jueces y fiscales, y en el que atribuía las denuncias a vengazas de los empresarios (entre los que citaba a los responsables de Blusens y Redcom) por haber sido investigados por él en el marco de su trabajo como inspector de Hacienda