La Xunta acaba de sacar a licitación el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre no urgente (ambulatorio y hospitalario) del área sanitara de Vigo, por un importe de casi 13,5 millones de euros, para un período de dos años.
Se trata de un servicio que hasta ahora presta Ambulancias do Atlántico, pero la situación de la empresa, con denuncias de la plantilla por impago de salarios y problemas con sus proveedores, ha llevado a la administración, que ha intervenido el servicio (y también el transporte sanitario urgente), a licitar un nuevo contrato. Las empresas interesadas tienen hasta el 31 de mayo para presentar sus ofertas.
Esta licitación se refiere al traslado de pacientes ambulatorios a los centros sanitarios para consulta, tratamiento, curas o realización de pruebas, y su retorno al lugar de residencia. También incluye traslados interhospitalarios para la realización de consultas, pruebas y tratamientos, para ingresos hospitalarios, traslados a otras Comunidades Autónomas o retorno desde otras Comunidades.
Igualmente, se prestará servicio de transporte entre dos centros sanitarios para enfermos que se encuentren en una situación de urgencia, que implique riesgo vital o daño irreparable para la salud. Serán los criterios médicos los que determinarán qué pacientes son usuarios de las ambulancias asistenciales y las características técnicas del equipamiento sanitario necesario en función de las necesidades del paciente.
Al amparo de este nuevo contrato, la Xunta estima que se realizarán 260.000 servicios anuales en los concellos del área de Vigo. El contrato prevé la posibilidad de prórroga por un plazo máximo de 12 meses, y en ese caso se eleva el valor del contrato hasta los 20,2 millones de euros.
La Xunta ha destacado que el nuevo contrato mejora las condiciones económicas de los trabajadores, de acuerdo con el convenio colectivo gallego del transporte sanitario, que incluye actualizaciones de los salarios y reducción de las jornadas anuales.
También se contempla un aumento de las dietas, del plus de transporte y de las retribuciones de festivos y días especiales, entre otros incentivos. El contrato contempla la obligación del cumplimiento del convenio y de ofrecer a los trabajadores un empleo estable y de calidad, además de protegerlos frente a accidente y riesgos laborales, asegurándose de proporcionar a los empleados los equipos necesarios, y promoviendo la conciliación y la igualdad.
Los servicios de transporte sanitario deben hacerse en el menor tiempo posible, por la ruta más adecuada y con las mejores condiciones técnico-sanitarias. Para ello, las empresas adjudicatarias deben llevar a cabo reuniones periódicas con el servicio designado por el Sergas para planificar las rutas más idóneas, que se adaptarán en función de las localidades y domicilios de los pacientes, y los horarios, tratamientos, etc.
Cada una de las ambulancias notificará por vía telemática, en tiempo real, todos los cambios de estado y los tiempos solicitados. La comunicación de los pacientes trasladados se realizará mediante un sistema de lectura de la tarjeta sanitaria (en caso de que no pueda usarse ese sistema, los datos deberán ser mecanizados igualmente).
Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que estudiarán los detalles de esta licitación, para conocer qué recursos y condiciones se exigen a las empresas ofertantes, aunque han advertido de las dificultades para que una empresa se haga cargo de este servicio si está infrafinanciado, o si la compañía saliente, Ambulancias do Atlántico, es incapaz de hacer una "transición ordenada", habida cuenta de sus problemas laborales y deuda económica.
Las mismas fuentes han explicado que, con todo, sigue por resolver el futuro del transporte sanitario urgente, también prorrogado y en manos de Ambulancias do Atlántico. Según han indicado, la administración mantiene contactos con diversas empresas, incluso de fuera de Galicia, para que se hagan cargo de este transporte de forma provisional, en tanto no se licite un nuevo concurso.
Mientras esto ocurre en el área de Vigo, la CIG ha emitido este lunes otro comunicado en el que vuelve a advertir de retrasos en el pago de las nóminas de abril a empleados de ambulancias de la provincia de Lugo, algo que, según ya había denunciado el sindicato, ocurrió el mes pasado.
En concreto, la organización se refiere a la empresa Lucus Logística, con sede en Becerreá y que lleva la gestión de las bases de ambulancias para el servicio de transporte urgente 061 de Navia de Suarna, Palas de Rei, Guitiriz, Sarria, Becerreá y Pedrafita do Cebreiro. bEsto, según cifras de la CIG (que no tiene representación entre el personal), afecta a unos 50 emplados, lo cual es "preocupante" debido a que supone un "incumplimiento contractual" con el personal que ya ocurrió hace un mes.
Por todo ello, la CIG vuelve a instar a la Administración a poner interés en el asunto, debido a que puede ser un "claro síntoma de precaridad" laboral, que puede repercutir en el servicio.
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