El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, tiene intención de votar a favor de que el Senado autorice la instancia del Tribunal Supremo (TS) para dirigir un procedimiento penal contra su senador José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52.
La Cámara Alta ha dado este miércoles un primer paso dando audiencia al propio Baltar para informarle de que se iba a tramitar el suplicatorio, sin embargo el senado y expresidente de la Diputación de Ourense ha optado por no acudir presencialmente a la cita y ha preferido mandar un escrito a la comisión.
En esta misma reunión, la Comisión de Suplicatorios ha designado también a los encargados de los grupos de redactar el texto que finalmente se someterá a votación, fijándose la primera reunión a la vuelta de Semana Santa, el próximo martes día 2 de abril.
Posteriormente, la Comisión de Suplicatorios ya al completo tendrá que votar si sigue adelante con el trámite, y si así ocurre, el suplicatorio llegará al Pleno del Senado, para decidir antes del 10 de mayo si la Cámara alta da su 'plácet' a que el parlamentario Baltar sea juzgado.
Según confirman a Europa Press fuentes parlamentarias, en estos trámites el PP votará a favor de seguir adelante con el suplicatorio, ranatizando que haya luz verde a suspender el aforamiento de Baltar y que por tanto el Supremo pueda activar al procedimiento.
La Sala de lo Penal adoptó la decisión de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada para que se solicitara la autorización a la Cámara Alta con el fin de suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito.
En el marco de la resolución, recogida por Europa Press, el tribunal ha estimado pertinente suspender por ahora la tramitación de las actuaciones referidas al senador mientras que el Senado resuelva sobre la autorización solicitada.
La magistrada instructora estimó proceder contra Baltar al entender que, aún aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre el resultado del radar, la cifra alcanzaría los 204 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora, lo que a su juicio encaja en un delito contra la seguridad vial.
Ferrer indicó que, acreditada la condición de senador de Baltar, había llegado el momento en que "la constancia de indicios cualificados" hacía "imprescindible" recabar la autorización del Senado para "avanzar en el camino procesal".
La juez insistió en que era necesario pedir permiso al Senado para seguir adelante con el procedimiento penal aunque Baltar ya fue sancionado por la vía administrativa por este hecho --con una multa y la pérdida de varios puntos del carné--. Según defendió en su exposición, dicha sanción administrativa no limita al Supremo a proceder por la vía penal.
La instructora adoptó esta decisión después de que el Supremo abriera causa el pasado noviembre, tras recibir la Sala de lo Penal el testimonio de juicio rápido y las diligencias urgentes remitidos por los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, incoadas en virtud de atestado de la Guardia Civil por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial.
Cabe recordar que, en el marco de las diligencias de investigación, Ferrer tomó declaración a Baltar, quien compareció voluntariamente ante el Supremo el pasado 19 de diciembre para negar que condujera a esa velocidad. "No existió en ningún momento una velocidad superior a 200 kilómetros por hora", dijo su abogado, Ramón Montero, en declaraciones a la prensa.
Asimismo, la magistrada pidió a la Guardia Civil que informase sobre las especificidades de los modelos de radar que captaron a Baltar conduciendo por encima del límite de velocidad, sobre los aparatos que imprimen las multas y, en concreto, sobre qué datos se introducen automáticamente, así como dónde estaba situado el radar que le detectó el 23 de abril de 2023 en la A-52.
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Puede ser el principio del fin. Para el PP seria un escándalo mayúsculo denegar el suplicatorio solicitado por T. Supremo por la comisión de un acto delictivo tan claro. Además de la evidencia del cinemómetro, existe la constancia que el vehiculo fue identificado en diferentes puntos kilométricos a determinadas horas que demostrarían que la velocidad media era muy superior a la permitida.. Por otra parte la saga Baltar siempre fue incómoda para el PP por el chantaje permanente al que este clan tenia sometido al partido en base al control político caciquil que ejercía en la provincia de Ourense, y esta puede ser una buena oportunidad para que la justicia le dé la "Puntilla".