El Senado destina hasta 756.000 euros en traductores de gallego, catalán, euskera y valenciano

La Mesa del Senado ha licitado un contrato que puede alcanzar un importe máximo de 756.000 euros para los servicios de interpretación y traducción de las intervenciones realizadas en euskera, catalán, gallego y valenciano durante las sesiones parlamentarias de la Cámara Alta. Así consta en la memoria justificativa del contrato, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se explica que el presupuesto base de licitación para el periodo de un año es de 151.250 euros, aunque puede haber hasta otras cuatro prórrogas, con un gasto estimado de 756.250 euros.

En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado está acotado a las mociones en las sesiones plenarias, a las intervenciones en la Comisión General de las Comunidades Autónomas o en la presentación de escritos. Según este contrato licitado por la Mesa del Senado, se pagará hasta 544 euros por un servicio de interpretación de hasta media hora y hasta 3.146 euros por estar entre cinco y ocho horas. Para el servicio de transcripción, se pagará unos tres céntimos por palabra transcrita.

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Fue en el año 2005 cuando se empezaron a incorporar las lenguas cooficiales en el Senado, a través de la Comisión de las Comunidades Autónomas. Para ello, la Cámara Alta seleccionó a 25 intérpretes-traductores --siete para el catalán y seis para cada una del resto de lenguas cooficiales--.

Con motivo de la inclusión en 2010 de las lenguas cooficiales en el debate de las mociones del Pleno, la Mesa del Senado acordó que estos 25 intérpretes-traductores también desarrollarían sus funciones en el Pleno. Sin embargo, actualmente solo permanecen en la lista de intérpretes dieciséis de los veinticinco iniciales.

En 2023, el presupuesto contempla un gasto de 280.000 euros para el servicio de interpretación y de 3.000 euros para el de transcripción. La propuesta formulada en este contrato establece un presupuesto máximo anual de 151.250 euros, cuantía inferior a la presupuestada en 2023, algo que la Cámara Alta lo atribuye al ahorro de costes de desplazamientos, indemnizaciones y a la racionalización del régimen aplicable a los cambios en la previsión de sesiones plenarias.