Piden tres años de prisión para el gallego que robó y vendió mascarillas caducadas durante la pandemia

El empresario que robó y vendió mascarillas caducadas, almacenadas en una nave de Santiago, durante la pandemia se enfrenta a tres años de prisión por un delito de estafa. Según el escrito de Fiscalía, el acusado estaba autorizado desde noviembre de 2015 para mostrar a terceros una nave industrial en el Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela.

En el interior del inmueble había material sanitario, entre los que destacaban las mascarillas de tipo FPP2. Con todo, el interés de posibles compradores "había disminuido" ya que parte del material estaba caducado o próximo a hacerlo. Con la llegada de la Covid, a inicios del 2020, este tipo de material empezó a escasear y, en concreto, de mascarillas. En este contexto, las mascarillas que estaban almacenadas en la nave "se convirtieron en una mercancía valiosa".

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"El acusado decidió sacar provecho de la situación y, aunque no estuviera habilitado para vender las mercancías depositadas en la nave, decidió hacerlas suyas y vendérselas a terceros", ha recogido el escrito de Fiscalía. Así, el 27 de marzo de 2020 la policía entró en la nave y encontró "multitud de cajas de cartón marrón vacías", que previamente contenían mascarillas y que el acusado "había vendido a terceros".

El valor unitario, prosigue el escrito, en marzo de 2020 de cada una de las mascarillas se cuantificó pericialmente en seis euros. En las semanas previas, vendiendo al por mayor lo cuantificaron en 30 céntimos. Con todo, aunque no consta el número exacto que el empresario hizo suyas "ha de tratarse al menos" de varios palés con cajas apiladas. Lo que sí consta es que el empresario vendió 1.000 unidades y varios lotes, durante el mes de febrero, a una empresa portuguesa.

El acusado reconoció que en ese mes un comprador del país luso acudió con un camión articulado para poder llevarse la cantidad que le vendió y sostuvo que le pagó por ellas 8.000 euros en efectivo. Por todo ello, el Ministerio Público sostiene que los hechos constituyen un delito de estafa por los que pide tres años de prisión. Asimismo, "alternativamente" solicita condena por un delito de apropiación indebida con la misma pena y la calificación alternativa de hurto por la que solicita 18 meses de prisión.