Un juzgado pontevedrés condena a PSA a pagar 1.300€ a una afectada por el 'cártel del coche'

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha condenado a PSAG Automóviles Comercial España (PSA), en la actualidad filial comercial del grupo automovilístico Stellantis, a indemnizar con 1.284 euros a la compradora de un vehículo por los daños que le generó que la compañía formase parte del denominado 'cártel del coche' entre 2006 y 2013.

De esta manera, la empresa tendrá que pagar el 10% del coste total que la clienta pagó por el modelo (12.845 euros), además del interés legal computado desde abril de 2008, fecha de la compra del mismo.

Másnoticias

La Xunta impulsará en 2025 la candidatura de su octava reserva de la biosfera de Galicia

23/10/2024

La acusada de llevarse a su hijo de Vigo sin avisar afirma que no impedía las visitas al padre

23/10/2024

El juez subraya en la sentencia que de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de las sentencias del Tribunal Supremo que la confirman resulta "irrefutable" que "las conductas infractoras de la competencia en que PSA tomó parte influyeron en el precio final de venta de automóviles", así como que esa influencia "benefició a los infractoras, entre ellos PSA, y perjudicó a los compradores".

Esto implica que los clientes pagaron un precio superior al que correspondería en caso de no existir la infracción, según recoge el juez en su sentencia, pionera en la provincia. Por ello, incide en que "queda suficientemente acreditada la producción de daños a los compradores finales de automóviles" y que estos daños se traducen "en el pago de un sobrecoste".

En la sentencia, el juez destaca que, constatada la producción de daños derivados de las prácticas infractoras del derecho de la competencia, la cuestión más compleja es la de la cuantificación de esos daños. Así, concluye que no es posible hacerlo en base a las pruebas que pudieron aportar las partes. Por ello, el magistrado entiende que resulta aplicable el criterio de estimación judicial del daño, por lo que determina un prejuicio razonable equivalente al 10 % del precio total de adquisición de los coches.

"Se trata de una cifra o porcentaje que, por un lado, semeja adaptada a las circunstancias del caso, especialmente en lo que se refiere al ámbito temporal del cártel en el que participó la demandada (siete años) y a que los datos objetivos aportados por la actora apuntan a una desviación del precio final de los automóviles en torno a ese porcentaje, si se compara el mercado cartelizado español con el no cartelizado de otros países europeos", afirma el magistrado en el fallo.

En el mismo, añade que esta cifra "también concuerda con lo que los más destacados estudios sobre cárteles han venido considerando como sobreprecio medio". De esta manera, el juez estima parcialmente la demanda de la compradora, que adquirió un turismo de la marca Peugeot en abril de 2008 y solicitaba una indemnización de 1.566 euros. La sentencia no es firme, por lo que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Cártel del coche

Todo ello años después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyese en 2015 que la antigua PSA (ahora parte de Stellantis), Ford, General Motors, Fiat, Nissan, Toyota, BMW y una quincena de empresas más intercambiaron información confidencial de manera continuada para controlar el mercado de la distribución de vehículos, así como de servicios posventa de reparación, mantenimiento y recambio de piezas.

El órgano regulador impuso a los fabricantes la mayor multa de su historia, 171 millones de euros repartidos entre 23 empresas. La Audiencia Nacional confirmó las sanciones impuestas por la CNMC en sentencias dictadas en diciembre 2019, desestimando los recursos presentados por las empresas involucradas.

Precisamente durante el año pasado la Sala III de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por 15 de los fabricantes y, por tanto, siendo firmes las multas impuestas por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, esperando que en poco tiempo se adopte el mismo posicionamiento con el resto de compañías implicadas en la trama.