Los tres grupos con presencia en el Parlamento gallego han consensuado una postura unánime para respaldar los planes del Gobierno para introducir la prohibición del proxenetismo en el Código Penal. El acuerdo, plasmado en una transacción a una iniciativa llevada al pleno por el Grupo Socialista, ha salido adelante por unanimidad durante la sesión de este miércoles donde, no obstante, las formaciones que conforman el arco parlamentario gallego --PP, BNG y PSdeG-- han explicitado las distintas ópticas con las que encaran el debate sobre un objetivo que sí comparten: avanzar hacia la abolición de la prostitución.
De este modo, la diputada socialista Noa Díaz ha reivindicado que su partido es abolicionista "porque la prostitución es una de las formas más miserables de violencia contra las mujeres" y no puede ser considerada como "un trabajo", sino como "una práctica inhumana producto de la misoginia y el machismo". En este sentido, ha incidido en que el libre ejercicio de la prostitución "es un mito" y que "hablar de los derechos de las mujeres prostituídas" es, en realidad, "hablar de los derechos de los proxenetas y de los puteros". "Hay que dar pasos hacia terminar con el sistema prostitucional. Si somos feministas, no lo podemos consentir", ha aseverado.
Por su parte, la viceportavoz del PPdeG en la Cámara, Paula Prado, ha expresado que la sociedad española tiene "un nivel de tolerancia inaudito" con la prostitución y que es preciso actuar desde los gobiernos dando como primer paso la aprobación de una ley integral de explotación sexual y trata que sirva de "norma superior" sobre la que articular planes de actuación. Precisamente, Prado ha puesto el foco en la ausencia de esta legislación que, dice, evidencia el avance "muy pequeño y parcial" que se ha dado durante la etapa en Moncloa de los socialistas, a los que ha acusado de afrontar con "frivolidad" el debate político sobre la prostitución, en alusión a la enmienda presentada a la ley del 'Sólo sí es sí' que finalmente retiraron para, más tarde, convertirla en proposición normativa.
Sobre este asunto también se ha referido la parlamentaria del BNG Olalla Rodil, que ha coincidido en calificar de "frivolidad" la actuación de los socialistas en el Congreso con su enmienda en la que planteaba la abolición de la prostitución, "convertida ahora en un texto legislativo de cuatro páginas".
Para Rodil, la lucha contra la prostitución "no se puede limitar todo a la vía punitiva". "Simplemente con perseguir a quien intenta comercializar y comprar los cuerpos de las mujeres no se van a garantizar los derechos de las mujeres que están obligadas a prostituirse", ha incidido la diputada frentista, que ha subrayado la importancia de continuar con el abolicionsimo en el "horizonte" pero "situando en el centro de las políticas públicas los derechos de las mujeres", ya que la prostitución es una realidad "muy compleja". "No se va a solucionar poniendo en una ley que somos abolicionistas", ha espetado.
Además del respaldo a la prohibición del proxenetismo en el Código Penal, el acuerdo aprobado incluye otros puntos, como instar a la Xunta a realizar un estudio sobre la situación de la prostitución y trata con fines de explotación sexual en Galicia o desarrollar de forma "inmediata" el 'I Plan Galego contra a trata de seres humanos con fines de explotación sexual', presentado recientemente.
Asimismo, los grupos también se dirige al Gobierno central, al que demanda la publicación del contenido del I Plan Camino --orientado a articular las políticas de protección a las víctimas de este tipo de situaciones-- y que establezca medidas de protección a las mujeres en estos contextos desde el punto de vista de la seguridad o la cobertura de necesidades personales básicas.
El texto transaccionado incluía un punto que fue finalmente votado por separado por petición del PP. Éste, tumbado por la mayoría absoluta de los populares, planteaba pedir a la Xunta la habilitación de recursos residenciales de media estancia para las mujeres en situaciones de explotación sexual.
Durante el debate de la iniciativa se ha producido un encontronazo entre la encargada de defender la postura del PP, Paula Prado, y el Grupo Socialista, después de que la popular asegurase desde el estrado del hemiciclo que la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo había relacionado con la prostitución a su compañero de partido y exministro José Luis Ábalos.
Esta afirmación, que Prado justificó como parte de una información "publicada en un medio de comunicación", motivo la protesta del portavoz socialista, Luis Álvarez, que solicitó a la Presidencia de la Cámara que se dirigiese a la diputada del PP para que retirase sus palabras al entender que constituían un atentado contra el honor del Grupo Socialista.
Después de que Álvarez cuestionase la validez de emplear en el debate parlamentario "cualquier cosa que salga publicada en cualquier medio de comunicación", Prado accedió a retirar sus palabras, si bien aludió antes al "acoso y derribo" al que, dice, fue sometida "durante años" desde el resto de formaciones por "cosas que fueron publicadas en medios" sobre su persona, en alusión a los sumarios de investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Santiago durante su etapa en la política local.
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